Por una Venezuela libre de socialismo, y de comunismo, ¡No mas traición a los Venezolanos!

¿Qué es el plan de gobierno?

El plan de gobierno es un conjunto integral de políticas, normas y estrategias diseñadas para gestionar eficientemente el Estado, promoviendo la libertad individual, la propiedad privada y el libre mercado. 

Estas medidas se implementarán de manera sistemática, con plazos definidos, objetivos claros y un impacto medible en áreas clave como economía, salud, infraestructura y educación.

Objetivos Principales:

• Reforma Constitucional y Legal:
  • Revisar y eliminar las disposiciones que limitan las libertades individuales y económicas.
  • Establecer garantías constitucionales sólidas para la propiedad privada y el libre mercado.
  • Crear un marco jurídico que minimice la intervención estatal en la economía y la vida de los ciudadanos.
• Liberalización Económica:
  • Eliminar controles de precios, subsidios y regulaciones excesivas.
  • Implementar una política de libre comercio.
  • Fomentar la inversión privada nacional e internacional mediante incentivos fiscales y seguridad jurídica.
• Reforma del Sistema Judicial:
  • Establecer un sistema de selección de jueces basado en méritos y competencia.
  • Garantizar la independencia del poder judicial.
  • Implementar mecanismos de rendición de cuentas para funcionarios judiciales.
• Reestructuración del Estado:
  • Reducir el tamaño y alcance del gobierno.
  • Digitalizar y automatizar procesos públicos para aumentar la eficiencia.
  • Implementar un sistema de meritocracia en la función pública.
• Reforma Educativa:
  • Desregular el sistema educativo para fomentar la competencia y la innovación.
  • Actualizar los programas de estudio en todos los niveles para enfocarse en habilidades prácticas y pensamiento crítico.
  • Eliminación de todo el material educativo creado por el régimen comunista para el adoctrinamiento de los jóvenes.
• Reforma del Sistema de Salud:
  • Transición hacia un sistema de salud basado en el mercado con una red de seguridad mínima.
  • Fomentar la competencia entre proveedores de servicios de salud.
  • Implementar cuentas de ahorro médico para empoderar a los individuos en sus decisiones de salud.
• Desarrollo de Infraestructura:
  • Implementar un modelo de asociaciones público-privadas para proyectos de infraestructura.
  • Privatizar empresas estatales ineficientes.
  • Crear un entorno regulatorio favorable para la inversión privada en infraestructura.
• Creación de un nuevo sistema de identificación:
  • Depuración de todo el sistema de identificación nacional.
  • Digitalización absoluta de los registros civiles.
  • Implementación de sistemas de identificación biométricos para cédulas de ciudadanía.
  • Creación de un sistema de identificación basado en Blockchain.
• Despolitización de las fuerzas de seguridad:
  • Depuración de la Fuerza Armada.
  • Eliminación de organismos que hayan sido usados para la violación sistemática de derechos humanos.
• Justicia Transicional y Reparación:
  • Establecer mecanismos para investigar y procesar violaciones de derechos humanos y actos de corrupción.
  • Implementar un sistema de restitución de propiedades confiscadas.
  • Crear un fondo de compensación para víctimas de abusos estatales

Limitación de responsabilidades y funciones del BCV: 

Para promover un modelo económico libertario, el Banco Central de Venezuela debe abandonar la discrecionalidad que ha erosionado el valor de la moneda, distorsionado los precios y castigado el ahorro. Su mandato debe acotarse a preservar la estabilidad monetaria bajo un ancla creíble —ya sea independencia real con metas estrictas de inflación, una caja de conversión o apertura a competencia monetaria— y quedar expresamente prohibido el financiamiento del déficit público. Deben eliminarse los controles cambiarios y de capitales para permitir un mercado de divisas libre y transparente, y liberarse por completo las tasas de interés y la asignación de crédito. La transparencia debe ser total, con datos abiertos, auditorías externas y metodologías verificables. Con estas reformas, el BCV dejará de ser un instrumento de racionamiento y devaluación para convertirse en garante de precios estables, confianza, inversión y crecimiento sostenido.

Comportamiento de los partidos políticos:

La dinámica de empobrecimiento con fines políticos debe terminar. Sin censurar ideas ni proscribir partidos por su orientación, el Estado venezolano puede establecer límites claros a símbolos y prácticas que legitimen o promuevan regímenes totalitarios y la violencia política. Se propone una ley de defensa del orden constitucional que:

• Prohíba la exhibición y propaganda de símbolos totalitarios (comunistas, nazis u otros) cuando su uso busque glorificar la represión, incitar al odio, justificar la violencia o negar el Estado de derecho. La restricción debe ser precisa, proporcional y compatible con tratados de derechos humanos.
• Sancione la apología de crímenes y la incitación directa a la violencia, el terrorismo o la subversión del orden democrático, con tipificaciones claras y debido proceso.
• Establezca medidas de “lustración” e inhabilitación temporal, mediante decisiones judiciales, para quienes hayan participado en violaciones graves de derechos humanos, corrupción sistémica o captura criminal del Estado, sin vetos ideológicos generales.
• Obligue a partidos y organizaciones a comprometerse explícitamente con la Constitución: renuncia a la violencia, respeto a elecciones libres, separación de poderes y derechos fundamentales.

Igualmente se establecen responsabilidades sobre los partidos comunistas como MAS, AD, COPEI, PSUV por su complicidad en actos de terrorismo y complicidad con grupos terroristas como HAMAS, HEZBOLA, Las FARC, ELN, además de su papel en la desestabilización hemisférica, desconocimiento de los resultados electorales del 28 de Julio del 2024, asociación para delinquir, conspiración llegando a acuerdos que menozcaban la elección ciudadana plenamente demostrada y reflejada en ese proceso electoral. Las sanciones podrían incluir carcel para los casos en que se demuestre algún acto criminal, suspensión, pérdida de personería o disolución del partido por sentencia.

Propuesta de derecho a la autodefensa y arquitectura de seguridad no monopolizada, con controles civiles

Para evitar que el poder armado vuelva a concentrarse en una élite política o militar, Venezuela debe reconocer el derecho de los ciudadanos a la legítima defensa, incluido el acceso regulado al porte y tenencia lícita de armas, y a proteger su hogar y familia ante amenazas. Este derecho debe ir acompañado de estándares estrictos: verificación de antecedentes, evaluaciones psicológicas, formación y certificación periódica, registro y trazabilidad de armas, límites por tipo y calibre, y sanciones severas por uso indebido. La finalidad es disuasión y defensa, no militarización social.

En paralelo, es necesario pasar de un monopolio estatal opaco a una arquitectura de seguridad con controles democráticos y cooperación interagencial al estilo estadounidense. Las funciones se diferenciarán con mandatos claros: fuerzas policiales locales y estatales enfocadas en prevención y proximidad; cuerpos nacionales para crimen organizado, corrupción y terrorismo; y agencias especializadas de inteligencia con estricta supervisión judicial y parlamentaria. Se permitirá la participación de empresas privadas de seguridad como contratistas bajo licencias rigurosas, cláusulas de responsabilidad, transparencia en compras y auditorías independientes, evitando conflictos de interés y garantizando protocolos de uso proporcional de la fuerza.

La cooperación entre niveles de gobierno y agencias incluirá centros conjuntos de fusión de información, interoperabilidad tecnológica, protocolos unificados de intercambio de datos, y equipos de tareas interjurisdiccionales con fiscalías especializadas. Todo uso de técnicas intrusivas (intervenciones, geolocalización, vigilancia) requerirá orden judicial, cadena de custodia y auditoría ex post.

Se priorizará una estrategia integral contra redes criminales (como el Tren de Aragua) y violadores de derechos humanos desde 1999 a 2025: unidades mixtas de investigación financiera, cooperación internacional, decomiso de activos, testigos protegidos y tribunales con competencia nacional para crimen organizado. La supervisión civil —congresional y de contralorías—, informes públicos y mecanismos de queja ciudadana asegurarán que la seguridad sirva a la ley y no a facciones.

Restauración del derecho a la propiedad privada

Para restablecer la seguridad jurídica, atraer inversión y devolver plenamente el derecho de ciudadanos y empresas a poseer y disponer de sus bienes, se propone derogar y sustituir el marco expropiatorio y nacionalizador que habilitó abusos, estableciendo límites estrictos y garantías efectivas.

Primero, derogar íntegramente la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social (2002) y reemplazarla por una Ley de Garantía de la Propiedad Privada que: restrinja la “utilidad pública” a supuestos taxativos y excepcionales; exija sentencia firme previa a la toma de posesión; imponga valoración pericial independiente a valor de mercado; obligue pago íntegro, en efectivo y previo; y consagre reversión y daños punitivos si la obra no se ejecuta o se usa la figura con fines políticos.

Segundo, derogar el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001) y toda normativa derivada que permita expropiar por “función social”, “ociosas” o “mejorables”. Sustituir por una Ley Agraria de Seguridad de Tenencia que garantice propiedad plena, títulos saneados, catastro digital y mecanismos de recuperación de tierras solo por incumplimientos contractuales verificables (ej. invasión, fraude) con debido proceso, sentencia firme y compensaciones al afectado cuando corresponda. Eliminar la facultad del INTi de intervenir, rescatar o adjudicar tierras por criterios discrecionales; reconvertir el INTi en registro y catastro independiente, sin potestades sancionatorias ni expropiatorias.

Tercero, reformar la Constitución (art. 115/116) para: acotar estrictamente la expropiación a obras públicas imprescindibles (infraestructura vial, sanitaria, defensa), prohibir fines indeterminados como “interés social” genérico, exigir pago previo en efectivo a valor de mercado y control judicial reforzado. Establecer la nulidad absoluta de ocupaciones administrativas sin sentencia firme.

Cuarto, derogar o modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos y leyes sectoriales para eliminar cláusulas de nacionalización obligatoria y preferencias estatales, garantizando igualdad regulatoria entre operadores públicos y privados, estabilidad contractual y arbitraje internacional vinculante.

Quinto, anular los decretos de expropiación sectoriales (cemento, acero, banca, telecomunicaciones, CANTV, Sidor, etc.) cuando no exista obra pública en curso o incumplieran requisitos de pago previo y sentencia firme; ordenar procesos de restitución de activos o indemnización integral con intereses, y procedimientos competitivos de reprivatización transparentes, con auditoría independiente y participación de inversionistas nacionales e internacionales. 

Publicar inventarios de activos, pasivos y litigios; usar bancos de inversión para valorar y estructurar ventas; destinar ingresos a reducir deuda y a un fondo de estabilización.

Sexto, aprobar una Ley Marco de Estabilidad Jurídica y Arbitraje que garantice: pacta sunt servanda, intangibilidad de contratos, cláusulas de estabilización regulatoria, acceso a arbitraje local e internacional (CNUDMI/CIADI) y ejecución de laudos.

Séptimo, tipificar penalmente la ocupación administrativa de bienes sin sentencia, las “tomas” promovidas por autoridades y la negativa a pagar indemnizaciones ordenadas judicialmente; establecer responsabilidad personal de funcionarios y reparación plena.

Octavo, crear una Agencia de Restitución y Resolución de Disputas Patrimoniales, independiente y con plazos perentorios, para revisar casos 1999–2025, priorizar restitución en especie, o indemnizar a valor de mercado más intereses y lucro cesante.

Noveno, implementar un Registro Único de Propiedad y Garantías (inmuebles, muebles, intangibles) con catastro digital, trazabilidad y publicidad oponible, y ventanilla única para registrar hipotecas, prendas y fideicomisos, reduciendo costos de transacción, tiempos y discrecionalidad. Integrar este registro con notarías digitalizadas y sistemas judiciales para acelerar ejecuciones de garantías y resolver disputas de títulos.

Décimo, promulgar una Ley de Responsabilidad Fiscal y de Empresas del Estado que impida nuevas nacionalizaciones sin aprobación legislativa calificada, estudio costo-beneficio independiente y referendo aprobatorio cuando implique control mayoritario público; exigir gobierno corporativo, informes auditados y límites de endeudamiento a empresas estatales.

Undécimo, establecer una cláusula constitucional de “no retroactividad expropiatoria”: ningún bien podrá ser afectado por normas posteriores que alteren sustancialmente derechos adquiridos sin compensación plena.

Con este paquete, se restituye la propiedad, se reduce la arbitrariedad y se reconstruye la confianza necesaria para que empresas y capital regresen a Venezuela.

Tecnología e infraestructura

Para recuperar la infraestructura vial y de comunicaciones, se propone un modelo de concesiones privadas con participación estatal minoritaria y controles civiles, orientado a eficiencia, seguridad y transparencia. El Estado no gestionará, sino que fijará estándares, fiscalizará y velará por la seguridad nacional. Las concesiones se adjudicarán por licitaciones competitivas (subastas por menor tarifa o menor subsidio), con contratos claros, cláusulas de desempeño medibles (SLA), penalidades por incumplimiento y derechos de sustitución del operador en caso de fallas graves.

Las tarifas se determinarán mediante fórmulas transparentes: topes y bandas indexadas a inflación y productividad, revisiones periódicas por un regulador técnico independiente y publicación de costos auditados. La “rentabilidad limitada” se logrará con retornos acotados a la calidad del servicio y el cumplimiento de metas, evitando discrecionalidad política. Para atraer capital de largo plazo, los contratos incluirán cláusulas de estabilización, solución de controversias en foros arbitrales reconocidos (CNUDMI/CIADI) y protección frente a cambios regulatorios.

Se implementarán auditorías técnicas y de ciberseguridad, pruebas de origen y planes de continuidad operativa para mitigar riesgos de interferencia extranjera; se incorporarán cláusulas de seguridad nacional con vetos acotados a riesgos críticos, sin afectar la gestión ordinaria ni la estructura tarifaria. Se crearán centros de monitoreo y contingencia con interoperabilidad entre operadores, reguladores y fuerzas de seguridad para responder a incidentes físicos y cibernéticos.

La transparencia será norma: datos abiertos de desempeño (tiempos de respuesta, disponibilidad, siniestralidad), estados financieros auditados y comités de usuarios que aporten retroalimentación. 

El regulador técnico será independiente, con mandatos, presupuesto propio y nombramientos por mérito.

Ventajas del modelo: inversión rápida sin presionar las finanzas públicas, mejoras de calidad y tiempos de servicio, tarifas previsibles y vinculadas a desempeño, reducción de corrupción mediante competencia y auditoría, y mayor resiliencia frente a riesgos operativos y geopolíticos.

Identificación

Tras décadas de rezago, se implementará un sistema nacional de identificación con estándares internacionales de seguridad, interoperable y auditable, que emita documentos físicos y digitales de alta confianza. El documento incorporará datos biográficos verificados (nombre, fecha de nacimiento, filiación), rasgos físicos esenciales y biometría multimodal (huellas, rostro y, cuando aplique, iris). La credencial física usará tarjetas policarbonato con grabado láser, foto UV, OVI/OVD, microtexto y chip sin contacto (ICAO LDS 2.0/EAC). La versión digital será una identidad móvil (mID) en dispositivos seguros con elemento seguro/TEE, protegida por FIDO2/Passkeys y biometría local.

Base técnica y gobernanza:

• Registro civil robusto: depuración y vinculación de actas (nacimiento, matrimonio, defunción), padrón único y validaciones cruzadas con bases de salud, educación y migración, bajo estricta protección de datos.
• Biometría y pruebas de vida: captura en enrolamiento presencial con kits certificados, deduplicación AFIS/ABIS para evitar identidades duplicadas y verificación con liveness avanzado contra suplantación.
• PKI nacional y firma digital: infraestructura de clave pública conforme a eIDAS/ETSI, con autoridad certificadora

Modelo de identificación opcional propuesto:

• Propuesta de identidad con firma criptográfica ligada al árbol genealógico
  • Objetivo: emitir una identidad física y digital con una firma única que, además de autenticar al individuo, permita verificar criptográficamente su árbol genealógico (filación legal) sin exponer datos sensibles.
• Arquitectura técnica:
  • Registro civil canónico: digitalización y saneamiento de actas de nacimiento, matrimonio y defunción; cada acta recibe un identificador único y un hash criptográfico (SHA-256/512) almacenado en un libro mayor inmutable (ledger) con anclaje periódico a una cadena pública para prueba de integridad temporal.
  • PKI y credenciales: cada persona obtiene un par de claves (ECC P-256/Ed25519). La Autoridad Certificadora (AC) estatal emite un certificado X.509 para la clave pública del titular.
  • Firma genealógica derivada: se construye un “árbol de Merkle genealógico”:
    • Hijo: H(hijo) = hash(datos mínimos + clave pública del hijo).
    • Padres: H(padre), H(madre) a partir de sus actas y claves públicas.
    • Nodo filial: H(filiación) = hash(H(hijo) || H(padre) || H(madre) || hash(acta_nacimiento)).
    • Se itera hacia arriba incorporando abuelos y demás ascendientes hasta el nivel disponible, construyendo un árbol de Merkle donde la raíz (Merkle root) representa un compromiso criptográfico del linaje conocido. Esa raíz se ancla con sello de tiempo en el ledger inmutable.
• Emisión y verificación:
  • Durante la emisión, la AC firma un “certificado de identidad genealógica” que incluye: clave pública del titular, hash del acta de nacimiento, punteros a identificadores de actas parentales y la Merkle root genealógica. La credencial física (chip) y la mID almacenan el certificado y las pruebas de inclusión (Merkle proofs) mínimas.
  • Para verificar identidad simple, basta validar la firma de la AC sobre la clave pública del titular y autenticación FIDO2 del dispositivo.
  • Para verificar filiación/genealogía, el solicitante entrega pruebas de inclusión de los nodos requeridos (por ejemplo, para probar parentesco de segundo grado). El verificador recalcula los hashes y comprueba la Merkle root anclada en el ledger, sin acceder al conjunto completo de actas.
• Privacidad y control de acceso:
  • Divulgación selectiva: usar credenciales verificables (W3C VC) con firmas BBS+ para revelar solo atributos necesarios (p. ej., “es hijo de X” o “mayor de 18”) sin exponer el resto de datos.
  • Pruebas de conocimiento cero: zk-SNARK/zk-STARK para demostrar parentesco hasta cierto grado verificando la pertenencia de nodos al árbol de Merkle sin revelar actas completas.
  • Políticas ABAC/RBAC: accesos diferenciados para autoridades, notarios y terceros, con consentimiento del titular y trazabilidad inmutable de consultas.
  • Cifrado y custodia: datos en reposo con AES-256/GCM y en tránsito con TLS 1.3; claves de usuario en hardware seguro (SE/TPM) o wallets custodiales con recuperación social (Shamir).
  • Minimización de datos: almacenar en claro solo lo imprescindible; hashes y pruebas en el ledger, actas completas en bóvedas cifradas bajo control del registro civil.
• Gobernanza y resiliencia:
  • AC y registro civil independientes, con auditorías externas, publicación de transparencia y rotación de claves (crypto-agility: ECC→PQ).
  • Ledger permissioned BFT con anclaje periódico a una cadena pública para sellado temporal y prueba contra manipulación

Justicia sin impunidad

La dirigencia política venezolana de signo socialista ha mostrado una histórica falta de rigor en la aplicación de la ley. En 1992, quienes atentaron contra la democracia fueron liberados mediante el indulto del presidente Rafael Caldera, y desde entonces la política partidista priorizó intereses propios sobre el interés público, permitiendo el ascenso y consolidación de un liderazgo autoritario. Bajo el mando de Nicolás Maduro, señalado por crímenes graves, se han buscado acuerdos que vuelven a anteponer beneficios de cúpulas sobre una sociedad sometida a persecución, pobreza y ataques sistemáticos.

Para asegurar una paz duradera, no habrá pactos con violadores de derechos humanos ni con quienes conspiraron con el régimen o ejecutaron órdenes contra la población, la Constitución y la soberanía. La ley se impondrá con firmeza y se blindarán las instituciones para que ningún gobernante pueda otorgar impunidad a quienes alzaron armas contra ciudadanos indefensos.

Implementación de pena de muerte y cadena perpetua por delitos graves y corrupción

Sectores políticos han cuestionado sanciones severas invocando el respeto a la vida, mientras se han tolerado sentencias poco proporcionadas ante crímenes de lesa humanidad, homicidios, violaciones y otros delitos graves. 

La imposición de penas máximas busca responder con proporcionalidad al daño causado a cientos de familias venezolanas desde 1999. Por respeto a las víctimas y a la memoria de quienes perdieron la vida a manos de quienes debían protegerlas, se exige la aplicación de condenas ejemplares, incluyendo cadena perpetua para casos de enriquecimiento ilícito, violaciones de derechos humanos y agresiones sexuales —especialmente contra niños, niñas y adolescentes—, así como contra víctimas de cualquier edad y sexo. No es aceptable perpetuar la impunidad ni la reincidencia favorecida por un sistema de justicia politizado y débil que desprotege a la población.

El partido MacV buscará el incremento de penas máximas incluyendo la pena de muerte por los delitos de homicidio, conspiración para cometer delitos de lesa humanidad, liberación injustificada de delincuentes, uso de unidades oficiales de salud para movilización de grupos armados, colaboración con grupos terroristas como ELN y las FARC para facilitar labores de logística, acuerdos de cualquier índole que haya ocasionado que las armas de la nación cayeran en manos de los grupos antes mencionados, y la ley será aplicada a todos los involucrados sin distinción de edad, genero, o posición o relación con figuras públicas o políticas.

Prohibición de instrumentalización de la pobreza con fines electorales o políticos

Para impedir que la pobreza sea instrumentalizada con fines electorales sin restringir derechos, la política social debe gestionarse por una agencia autónoma, técnica y sujeta a auditorías externas, separada por completo de partidos y autoridades electas. 

Esta entidad aplicará reglas públicas y criterios objetivos de elegibilidad, con procesos de inscripción presenciales y digitales verificados biométricamente, y revisiones periódicas basadas en cruces de datos. Los pagos se realizarán a través de sistemas financieros que impidan la identificación política del beneficiario por parte del proveedor, sin logos ni propaganda, preservando la trazabilidad antifraude y el anonimato frente a actores partidistas.

La neutralidad se refuerza con un muro de contención electoral: quedará prohibido anunciar, ampliar o ejecutar pagos extraordinarios de programas sociales durante periodos preelectorales, y cualquier intento de vincular beneficios con apoyo político será sancionado penal y administrativamente. La transparencia será total mediante paneles de datos abiertos que muestren cobertura, montos, focalización y tasas de error, habilitando veedurías de universidades, gremios y organizaciones civiles. Se protegerá a denunciantes y se establecerán canales confidenciales con incentivos para exponer redes clientelares.

El proceso electoral contará con observación robusta y protocolos para detectar coacción en comunidades vulnerables, acompañados de campañas permanentes y neutrales de educación cívica sobre el voto libre y secreto, los derechos de los beneficiarios y las sanciones por clientelismo. 

La ley tipificará como delito grave cualquier amenaza, coacción o intento de condicionar la ayuda a preferencias políticas, con procedimientos rápidos, jueces protegidos y recuperación de activos usados en prácticas ilícitas. 

Finalmente, se incorporará alfabetización financiera y de derechos sociales para reducir la dependencia y fortalecer la autonomía de los hogares, con evaluaciones independientes que midan impacto y permitan ajustes continuos. Así, la asistencia se convierte en un instrumento de dignidad y movilidad social, no de control político.

Financiamiento a partidos políticos

El Estado no financiará a ningún partido político. Toda fuente de ingresos partidarios será plenamente transparente y estará sujeta a auditorías independientes y controles de conflicto de interés para detectar vínculos con la asignación de contratos públicos o la promoción de leyes favorables a donantes, sus empresas o asociados. Se aplicarán filtros rigurosos de seguridad e inteligencia para prevenir injerencias extranjeras, lavado de dinero y capturas regulatorias. Queda prohibido el financiamiento proveniente de empresas vinculadas a la explotación de recursos naturales nacionales, directa o indirectamente, así como de concesionarios y sus contratistas de primer y segundo nivel.

Ventajas:

• Reduce la captura del Estado por intereses particulares y la compra de influencia.
• Aumenta la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
• Desincentiva la corrupción y el clientelismo en compras y concesiones públicas.
• Fomenta competencia política basada en ideas y resultados, no en chequeras.
• Disminuye riesgos de injerencia extranjera y lavado de activos.
• Fortalece la legitimidad del sistema democrático y la confianza inversionista.

Prohibición de desvío de fondos públicos para hacer proselitismo político en alcaldías y gobernaciones y gobierno central

Se prohíbe de forma expresa y penal el uso de recursos públicos para proselitismo político en alcaldías, gobernaciones y gobierno central. Todo gasto institucional deberá vincularse a competencias legales y metas verificables, con planes, contratos y ejecución publicados en tiempo real. 

Queda vedada cualquier propaganda derivada de la ejecución de obras públicas: ningún funcionario podrá, por ningún medio, atribuirse personal o partidariamente el cumplimiento de sus deberes, ni adjudicar a su partido el éxito de una obra financiada con fondos públicos. Se separarán contablemente comunicación institucional y actividad electoral; se aplicarán auditorías externas y control social. La infracción acarreará destitución, inhabilitación, responsabilidad penal, devolución de fondos y suspensión inmediata de actos por parte de la autoridad electoral.

Creación del estado mínimo viable, digital y eficiente

Objetivo: reducir el tamaño del Estado a funciones esenciales (seguridad, justicia, salud pública básica, infraestructura crítica, catastro/registro, regulación ligera) y ejecutar todo con máxima eficiencia mediante una plataforma unificada de administración pública.

Ejes:

• Rediseño institucional
  • Fusión/eliminación de ministerios y entes duplicados; agencias ejecutivas compactas con mandatos claros y metas anuales.
  • Presupuesto base cero y revisión regulatoria permanente con cláusula “sunset” para normas y programas.
• Plataforma única de gobierno (GovOS)
  • Identidad digital fuerte (mID) con firma electrónica calificada.
  • Carpeta ciudadana y empresarial: un solo perfil para trámites, licencias, tributos y beneficios.
  • Interoperabilidad por APIs; registro maestro de datos (personas, empresas, predios) y catastro digital.
  • Pagos y cobros 100% electrónicos; facturación y contabilidad pública en tiempo real.
  • Motor de trámites “once-only”: el Estado no vuelve a pedir datos que ya posee.
  • Automatización con reglas y RPA; expedientes digitales y notificaciones electrónicas.
• Gestión por desempeño
  • Contratos-programa con KPIs públicos; pago y permanencia ligados a resultados.
  • Tableros abiertos de servicio (tiempos de trámite, satisfacción, costos unitarios).
  • Auditoría continua con analítica y alertas antifraude.
• Capital humano ágil
  • Plantillas reducidas, perfiles técnicos, movilidad interna meritocrática.
  • Formación en datos, contratos, ciberseguridad y atención digital.
  • Outsourcing competitivo y compras ágiles con catálogos y subastas inversas.
• Ciberseguridad y privacidad
  • Arquitectura zero-trust, cifrado extremo a extremo (TLS 1.3, AES-256), gestión de identidades (IAM) y multifactor.
  • Auditorías periódicas, bug bounty, SOC nacional 24/7 y plan de continuidad/DRP con sitios redundantes.
  • Cumplimiento de protección de datos con consentimiento granular, minimización y trazabilidad de accesos.
• Implementación por fases
  • Fase 1: identificación digital, pagos electrónicos, carpeta ciudadana/empresarial y 20 trámites de alto impacto.
  • Fase 2: interoperabilidad total por APIs, catastro/registro unificados, compras públicas 100% digitales.
  • Fase 3: automatización avanzada, justicia digital, analítica predictiva y eliminación de ventanillas físicas salvo excepciones.